Paro judicial se extiende a 28 estados; sólo atenderán casos urgentes
El paro judicial se extiende a lo largo de 28 estados de la República Mexicana, con miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendiendo labores de manera indefinida. Esta movilización masiva es una respuesta directa a la reforma que se discute actualmente en el Congreso, la cual propone la elección de jueces mediante el voto popular y la eliminación de la carrera judicial. Los trabajadores del PJF consideran que dicha reforma atenta contra sus derechos laborales y la autonomía del Poder Judicial.
Desde el primer minuto del pasado lunes 19 de agosto de 2024, trabajadores del PJF en diversas entidades, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Campeche, han anunciado su incorporación al paro. Organizaciones como el Colegio de Secretarios y Actuarios y el Consejo General de la Abogacía Mexicana también han expresado su apoyo a la protesta, subrayando la importancia de preservar la independencia judicial y la división de poderes como pilares fundamentales del sistema democrático del país.
Los manifestantes han cerrado juzgados y bloqueado avenidas en varias ciudades, exigiendo que la reforma no se apruebe en su forma actual. En Monterrey, Nuevo León, el magistrado Antonio Ceja explicó que, aunque se mantienen los servicios para atender asuntos urgentes como casos de tortura, malos tratos, detenciones ilegales e incomunicaciones, el paro es indefinido y busca hacer visible el descontento de los trabajadores y la sociedad ante la posible politización de la justicia.
En estados como Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz y la Ciudad de México, las actividades en los juzgados federales han cesado, mientras que en otros lugares como Tlaxcala, Sonora y Oaxaca, los trabajadores se han sumado a la protesta. En la Ciudad de México, las sedes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) permanecen cerradas, con trabajadores apostados en las puertas principales para garantizar que el paro se mantenga.
El paro judicial se extiende también a Baja California, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Colima, Guerrero, Michoacán y otros estados, donde cientos de empleados han decidido suspender labores. Esta movilización, que involucra tanto a trabajadores de base como a confianza, es vista como un esfuerzo cívico para defender la carrera judicial y evitar que el Poder Judicial sea sometido a presiones políticas.
A pesar de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho de manifestarse, también advirtió que no deben ser «manipulados» y convertirse en «paleros» de los potentados. Sin embargo, los trabajadores han insistido en que su lucha es por la preservación de una justicia imparcial y autónoma, vital para la protección de los derechos de los ciudadanos.
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