Ley Alina avanza en México: ¿garantía de justicia para mujeres o riesgo de abusos legales?
INFLUENCER GTO. CDMX, abril de 2025. La llamada Ley Alina, una iniciativa que pretende modificar el Código Penal para ampliar el concepto de legítima defensa en casos de violencia de género, sigue abriéndose camino en los congresos estatales. Para algunos, se trata de una reparación histórica. Para otros, de una zona gris legal que podría derivar en impunidad.
Detrás del debate, está el caso de Alina Narciso, una exagente de policía que en 2023 fue absuelta tras matar a su expareja, a quien denunció por años de violencia. Su absolución fue clave para abrir la conversación sobre cómo el sistema penal trata a las mujeres que se defienden de sus agresores.
¿Qué propone exactamente la Ley Alina?
La propuesta, impulsada por legisladoras de Morena y el PAN, plantea reformas a los artículos 23 y 49 del Código Penal Federal. Su objetivo es reconocer que, en contextos de violencia estructural, la respuesta de una mujer puede no ajustarse a los parámetros tradicionales de «peligro inminente» o «proporcionalidad de la fuerza».
La ley permitiría que mujeres que hayan sufrido violencia física, sexual, psicológica o feminicida puedan acceder a la figura de legítima defensa sin enfrentar cargos penales, aún si el agresor resulta muerto durante el hecho.
Aprobaciones y resistencias
Hasta ahora, la reforma ya fue aprobada en Baja California, y está en discusión en Tamaulipas, Estado de México, Morelos y Ciudad de México, entre otros. Sin embargo, su avance ha sido acompañado por una fuerte polémica que divide a organizaciones feministas, expertos en derecho penal y sectores conservadores.
Mientras algunos celebran la iniciativa como una herramienta legal para combatir la revictimización judicial, otros la consideran riesgosa por su falta de claridad jurídica.
Argumentos a favor: una deuda con las mujeres víctimas
Quienes apoyan la Ley Alina destacan que el sistema de justicia mexicano ha sido históricamente insensible con las mujeres que se defienden. Casos como el de Yakiri Rubio o Itzel Nájera, donde las víctimas terminaron criminalizadas, son tomados como ejemplos de un sistema que protege más a los agresores que a las sobrevivientes.
La iniciativa parte de un enfoque de género que reconoce que muchas agresiones no ocurren como eventos aislados, sino dentro de entornos de abuso sistemático, donde el miedo y la desigualdad de poder alteran la capacidad de respuesta de las víctimas.
Argumentos en contra: falta de rigor y riesgo de arbitrariedad
Para los críticos, el principal problema de la reforma es la ambigüedad del concepto de “amenaza inminente”. Al eliminar la figura del “exceso en la legítima defensa”, temen que se abra una puerta peligrosa a la justificación de homicidios sin pruebas sólidas.
“El peligro es que la ley se interprete de forma subjetiva y que no haya un estándar claro para determinar si realmente existía una amenaza”, señala el abogado penalista Álex Flores. También hay preocupación sobre el impacto que esto podría tener en el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Un sistema que ya castiga a las víctimas
Defensoras de derechos humanos contraargumentan que las reglas actuales no han funcionado. Muchas mujeres que enfrentan situaciones límite terminan en prisión, sin que se reconozca el contexto de violencia que vivieron por años. En ese sentido, la Ley Alina busca revertir una tendencia profundamente injusta.
“Lo que no puede seguir ocurriendo es que una mujer golpeada, violada o amenazada, que actúa para salvar su vida, sea juzgada como una asesina común”, afirma la activista María Fernanda Carrión, integrante de la red Nosotras Tenemos Otros Datos.
El verdadero reto: legislar con precisión y perspectiva
Más allá de la polarización, el debate pone sobre la mesa una necesidad urgente: reformar un sistema legal ciego al contexto de género, pero hacerlo con responsabilidad y técnica jurídica.
El Congreso tiene el desafío de encontrar un punto de equilibrio entre garantizar la justicia para las víctimas y preservar el rigor del Estado de derecho. Porque si bien la intención es proteger a las mujeres, una mala redacción legal puede abrir grietas que luego sean difíciles de cerrar.
¿Justicia transformadora o solución riesgosa?
La Ley Alina no es una propuesta sencilla. Se trata de una reforma con implicaciones profundas que toca el núcleo del sistema penal: la legitimidad del uso de la fuerza, la carga de la prueba y el principio de inocencia.
Y aunque su motivación nace de una realidad dolorosa —la impunidad que rodea la violencia de género en México—, su aplicación deberá ser cuidadosamente regulada para no caer en arbitrariedades ni en injusticias inversas.
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