La venganza de la élite mexicana: una democracia sin contrapesos
INFLUENCER GTO. La eliminación de los órganos autónomos en México representa un retroceso histórico que consolida el poder en manos del gobierno federal, despojando a la sociedad de mecanismos esenciales para fiscalizar y limitar los abusos del poder. En lo que muchos consideran una afrenta contra la democracia moderna, el gobierno de Claudia Sheinbaum está desmantelando instituciones clave como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), reguladores energéticos independientes, y autoridades antimonopolios y de telecomunicaciones, reconfigurándolos bajo control directo del Ejecutivo.
El regreso del Estado todopoderoso
Este movimiento devuelve al gobierno central una autoridad suprema, como en los tiempos previos a la transición democrática de las décadas de 1990 y 2000. Ahora, el Ejecutivo se convierte en juez y parte en los temas más sensibles: regulación económica, transparencia gubernamental y derechos ciudadanos. Esto, aseguran críticos, beneficia más a las élites políticas y económicas que a la ciudadanía, quienes ahora quedarán sin herramientas efectivas para vigilar el ejercicio del poder.
Mientras tanto, la moneda mexicana sigue estable, y los mercados no han reaccionado negativamente, lo que indica que el desmantelamiento de contrapesos es bien recibido, o al menos tolerado, por las élites económicas que se beneficiarán de la ausencia de supervisión regulatoria estricta.
¿Qué significa este cambio?
Eliminando organismos autónomos, el gobierno asegura que toda decisión clave pase por sus manos, ya sea la asignación de licencias, regulación de tarifas o supervisión de competencia. Esto le permite manejar las reglas a conveniencia, pero también lo expone a una presión creciente de grupos de interés que buscarán influir directamente en el Ejecutivo.
La élite mexicana —que, como señala Salvador Camarena, se transforma pero nunca desaparece— encontrará formas de adaptarse a este modelo centralizado, asegurándose privilegios a través de conexiones y negociaciones directas con el gobierno. Esta dinámica revive prácticas de los viejos regímenes priistas, donde los «cuates» reemplazan a las «cuotas» en la toma de decisiones.
El error estratégico del centralismo
Este proceso podría ser un arma de doble filo. Aunque el gobierno Sheinbaum consolida el poder, también se coloca en una posición vulnerable al asumir toda la responsabilidad. Si el sistema falla, no habrá intermediarios ni organismos autónomos a los cuales culpar. Además, el gobierno se enfrentará a la imposibilidad práctica de monitorear todas las actividades de forma efectiva, especialmente en un país tan grande y complejo como México.
El desmantelamiento de los contrapesos puede convertir a México en un terreno fértil para la simulación y el abuso de poder. Sin árbitros independientes que supervisen al gobierno y a las empresas, las élites regionales y nacionales tendrán más margen para operar fuera del marco legal, con el Ejecutivo convertido en un “cíclope” incapaz de controlar todo lo que sucede bajo su mandato.
¿Una oportunidad perdida?
El gobierno de Claudia Sheinbaum podría haber optado por una reforma que fortaleciera a los órganos autónomos, mejorando su eficiencia y asegurando que funcionaran como verdaderos contrapesos para la corrupción y el abuso de poder. En lugar de eso, decidió concentrar el poder en una estructura centralizada que, paradójicamente, favorece a las mismas élites que decía combatir.
Un gobierno del pueblo, al servicio de la élite
El verdadero beneficiario de este cambio no será el pueblo, sino la élite gobernante y empresarial, que ahora puede negociar directamente con un Ejecutivo omnipotente. A pesar de la narrativa oficial de que estos cambios son necesarios para combatir la corrupción y la ineficiencia, la realidad sugiere que lo que se está consolidando es un modelo que concentra privilegios en unos cuantos, perpetuando la desigualdad y debilitando la democracia mexicana.
Con este panorama, México parece estar regresando a un modelo político que favorece la opacidad y la discrecionalidad, dejando a la ciudadanía sin los mecanismos necesarios para exigir transparencia y justicia. La desaparición de los órganos autónomos no solo es un retroceso institucional, sino un recordatorio de que las élites, disfrazadas de cualquier color político, siempre encuentran la forma de mantenerse en el poder.
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