Cae alcalde de Teuchitlán por presuntos nexos con centro de adiestramiento del CJNG

INFLUENCER GTO. Teuchitlán, Jalisco. – El alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) este sábado 3 de mayo, en medio de una investigación que lo vincula con un presunto campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Murguía, electo por el partido Movimiento Ciudadano (MC), enfrenta señalamientos por su posible implicación con el Rancho Izaguirre, un predio localizado en la comunidad de La Estanzuela, que habría funcionado como base operativa del grupo criminal y, según testimonios, también como posible sitio de desaparición de personas.

Tres veces presidente municipal, ahora bajo investigación federal

Con una trayectoria política de más de una década, Murguía ha ocupado en tres ocasiones la presidencia municipal de Teuchitlán, primero por el PRI y luego por MC. Su figura era conocida en la región por impulsar el turismo en torno al sitio arqueológico Guachimontones, aunque en años recientes su nombre se asoció con rumores de vínculos con el crimen organizado.

Los indicios se hicieron más fuertes a raíz de una inspección realizada el 1 de mayo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que, con orden judicial, accedió al Rancho Izaguirre y reportó hallazgos que podrían estar relacionados con actividades del CJNG.

El Rancho Izaguirre: entre cultivos y entrenamiento criminal

Ubicado entre parcelas de caña, el Rancho Izaguirre ha sido objeto de sospechas desde hace varios años. Sin embargo, no fue sino hasta 2025 que una diligencia judicial permitió inspeccionar el sitio. De acuerdo con versiones extraoficiales, se encontraron vestigios que apuntan a su uso como centro de adiestramiento para sicarios y posiblemente como punto de incineración clandestina de cuerpos.

La conexión entre este lugar y Murguía se basa en reportes de habitantes, vínculos políticos locales y registros que coinciden con su primer mandato, iniciado en 2012.

Una detención rodeada de silencio y vacíos oficiales

A pesar de que múltiples fuentes confirmaron la aprehensión del alcalde, su nombre no figura en el Registro Nacional de Detenciones (RND), lo que ha generado inquietud y teorías sobre su situación jurídica real. La Secretaría de Seguridad no ha emitido postura oficial, y Movimiento Ciudadano tampoco ha hecho declaraciones públicas.

Este silencio institucional ha sido criticado por analistas y activistas, quienes advierten que la falta de transparencia en casos de esta magnitud erosiona la confianza pública.

El propio Murguía rechazó acusaciones semanas antes

El pasado marzo, en una entrevista televisiva, José Murguía negó cualquier relación con el rancho. Describió las acusaciones como “absurdas” y defendió la seguridad de su municipio. “Teuchitlán es tranquilo, no vivimos en guerra”, aseguró en su momento.

No obstante, sus declaraciones contrastan con los datos satelitales y testimonios que apuntan a que el Rancho Izaguirre ha estado activo desde 2014, justo cuando comenzaba su primera administración.

Colectivos bajo presión y autoridades bajo lupa

Tras la inspección del rancho, las integrantes de Guerreros Buscadores evitaron hacer declaraciones públicas, argumentando que deseaban no entorpecer las investigaciones de la FGR. Sin embargo, la activista Indira Navarro expresó públicamente su frustración con el fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien acusó de ocultar información. Más tarde, el propio fiscal habría admitido que no contaba con todos los elementos al momento de sus primeras declaraciones.

Impacto político y posibles repercusiones legales

La detención de un alcalde en funciones por presuntos vínculos con el CJNG representa un duro golpe para las estructuras políticas locales. En los próximos días, se espera que el Congreso de Jalisco analice la posible designación de un presidente municipal interino, en tanto se determina el futuro legal de Murguía.

Mientras tanto, Teuchitlán queda sumido en una atmósfera de incertidumbre, donde la sombra del crimen organizado vuelve a teñir la administración pública.

Conclusión: entre el poder político y el narcotráfico

El caso de José Murguía reaviva un patrón preocupante: la presunta infiltración del narcotráfico en gobiernos municipales. La posible complicidad entre autoridades y estructuras criminales no solo pone en riesgo la gobernabilidad, sino que dificulta la labor de búsqueda de personas desaparecidas y obstaculiza los procesos de justicia.

La exigencia ahora es clara: que se esclarezcan los hechos, que se garanticen los derechos de las víctimas, y que los cargos públicos dejen de ser escudos para intereses criminales.