El CJNG consolida su control sobre el robo de combustible: una red criminal que opera desde dentro de Pemex
INFLUENCER GTO. El crimen organizado ha encontrado en el huachicol un negocio tan lucrativo como el narcotráfico. Investigaciones apuntan a la complicidad de personal de Pemex y la omisión del gobierno como factores clave en su expansión.
24 de mayo de 2025. — Lejos de concentrar sus operaciones únicamente en el tráfico de drogas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha extendido sus redes hacia uno de los sectores más sensibles del país: el energético. El robo sistemático de combustible —conocido como huachicol— se ha convertido en la segunda fuente de ingresos del grupo criminal, y su éxito no sería posible sin una estructura de corrupción interna en Petróleos Mexicanos (Pemex) y una preocupante falta de acción institucional.
El nuevo rostro del huachicol: sofisticación, empresas fachada y redes transnacionales
Informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelan que el CJNG ha montado una operación altamente estructurada para sustraer, transportar y comercializar combustible robado. Esta red incluye empresas fachada como Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, presuntamente vinculadas a César Morfín Morfín, alias “El Primito”, operador del cártel en el noreste del país.
Estas compañías simulan transportar residuos industriales o materiales peligrosos, pero en realidad movilizan grandes volúmenes de gasolina y diésel extraídos de forma ilegal. Parte de este combustible es introducido al mercado negro en Texas, donde se distribuye a través de intermediarios que, en muchos casos, desconocen su procedencia ilícita.
Millonarias pérdidas para el Estado y ganancias para el crimen
El impacto económico de esta red criminal es grave: se calcula que en los últimos dos años, las actividades del CJNG en el huachicol han representado pérdidas multimillonarias para Pemex y el erario nacional, al desviar combustible que debería haberse comercializado de forma legal.
Estos recursos ilegales no solo financian la expansión territorial y armamentista del cártel, sino que también refuerzan su influencia en estructuras políticas locales, aduanas y cuerpos de seguridad.
Pemex, infiltrado desde dentro
Uno de los aspectos más preocupantes es la colaboración de personal interno en Pemex. Según investigaciones de inteligencia, empleados de la empresa estatal estarían involucrados en la manipulación de registros, acceso a ductos, y facilitación de puntos de extracción clave en varios estados.
La ausencia de controles internos, la opacidad en la cadena logística y la falta de sanciones han generado un entorno en el que el robo de combustible puede operar con impunidad y eficiencia.
Estados Unidos impone sanciones, México guarda silencio
En respuesta a esta amenaza, el gobierno de Estados Unidos ha emitido sanciones financieras contra individuos y empresas vinculadas al CJNG. Estas medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de operaciones con entidades estadounidenses.
Sin embargo, en el lado mexicano, las autoridades han evitado pronunciamientos oficiales. Hasta la fecha, no se han anunciado investigaciones internas ni procesos disciplinarios en Pemex, lo que genera sospechas de tolerancia institucional o incapacidad de respuesta.
Cooperación binacional insuficiente frente a un cártel diversificado
A pesar de los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos en seguridad e inteligencia financiera, el CJNG ha demostrado una capacidad de adaptación superior. Su modelo criminal, que combina narcotráfico con huachicol y lavado de dinero a través de empresas legales, desborda las herramientas tradicionales de combate al crimen organizado.
En muchas regiones, el cártel no solo domina el mercado ilegal de combustibles, sino que impone su control social a través de la violencia o la cooptación de autoridades locales, consolidando un poder paralelo al del Estado.
Riesgo institucional: cuando el crimen se infiltra en el corazón del Estado
La expansión del CJNG hacia el sector energético revela una nueva fase del crimen organizado en México: ya no se limita a actividades clandestinas, sino que opera desde dentro de las instituciones. La ausencia de transparencia en Pemex, la falta de auditorías creíbles y el vacío en la rendición de cuentas representan un terreno fértil para que estas redes crezcan.
Expertos advierten que, si no se actúa con decisión y transparencia, organizaciones criminales podrían consolidar control sobre sectores estratégicos del Estado, debilitando gravemente la soberanía energética y la gobernabilidad del país.
Conclusión: el CJNG y el huachicol, síntoma de un Estado vulnerado
La incursión del CJNG en el robo de combustible no es un fenómeno aislado: es el reflejo de un sistema debilitado, donde la corrupción, la impunidad y la falta de voluntad política han permitido que el crimen organizado penetre sectores clave del aparato estatal.
Mientras el huachicol genera millones para el cártel, el Estado pierde ingresos, credibilidad y control sobre su infraestructura. En este contexto, frenar el avance del CJNG no es solo una cuestión de seguridad pública, sino de supervivencia institucional.
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