La Ley de Ingresos para cumplir con las exigencias de las familias de Guanajuato: Zanella -

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022, la cual no contempla nuevos impuestos.

Dicha ley asciende a 92 mil 669 millones 574 mil 358 pesos, contiene nuevos derechos y mantiene los que se contemplaron para el ejercicio fiscal de 2021, además se reestructuran algunos conceptos en su mecánica de cobro a efecto de homologarlos, lo cual otorga mayor certeza a los contribuyentes.

Las cuotas y tarifas del ejercicio fiscal de 2022, con relación al 2021, se incrementan en promedio y de manera generalizada en un 3.95 por ciento.

También, se contempla que los ingresos federales sumen 82 mil 749 millones 489 mil 493 pesos. Asimismo, no refiere la contratación de deuda para el año 2022.

Posicionamientos

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que este día culminaba un proceso de revisión y análisis que permitirá al Estado atender las exigencias de las familias guanajuatenses; y que el objetivo del análisis sobre los ingresos públicos para el próximo año no era otro que el cumplimiento de sus compromisos frente a los ciudadanos.

“El Estado requiere allegarse de recursos con el objetivo de acercar a las familias los servicios y bienes para la promoción de su bienestar. En este ejercicio, es oportuno subrayar que no hay gobierno eficiente sin hacienda pública sólida y, no existe futuro sin hacienda pública sana”, enfatizó el congresista.

Asimismo, señaló que Guanajuato ha sido una entidad comprometida en el cuidado de sus finanzas y reconocía que en ese proceso ha existido corresponsabilidad de todos los actores tanto del sector público como del sector privado.

Zanella Huerta manifestó que su voto era a favor porque no se incorporaban nuevos impuestos y no había incremento en las tasas aplicables; que era un paquete responsable porque no contenía deuda adicional a la previamente autorizada por el Congreso por lo que no se comprometía el futuro de la capacidad fiscal y financiera de la entidad.

Agregó que se trataba de una propuesta en materia de ingresos equilibrada y que en la revisión del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo puso a su consideración, se aseguraron de que los costos de los servicios que provee el Estado se ajustaran a criterios estrictamente técnicos y estuvieran apegados a los principios de legalidad que exigen las disposiciones aplicables.

“La actualización de tarifas se realizó con porcentajes por debajo del nivel de inflación y sólo en casos muy particulares los ajustes superaron ese criterio. En esos casos, el compromiso asumido es proveer mejor infraestructura para las áreas de atención del ciudadano”, argumentó.

El congresista subrayó que frente a una inflación que al cierre del año supera el 7%, en la entidad los ajustes de tarifas se ubicaron en promedio en 3.95%.

“Así como fue señalado en las reservas que como Partido realizamos al paquete de ingresos municipales, en el caso del paquete de ingresos del Estado, nos hemos asegurado el garantizar el acceso gratuito a todos los servicios de salud a quienes no cuenten con seguridad social”, dijo.

Finalmente, el legislador se pronunció porque los $ 92 mil 669.57 millones de pesos que se estimaban ingresar sirvieran para cumplir los sueños de un Guanajuato más justo, incluyente y equitativo, donde se logren romper las brechas de desigualdad.

En su intervención, la diputada Dessire Ángel Rocha señaló que los ingresos que se pronosticaban equivalían a una variación real de 0.1% de incremento nominal con relación al pronóstico de ingresos del ejercicio fiscal de 2021.

Asimismo, manifestó que ante las proyecciones financieras que se preveían a nivel global de que la inflación ronde el 7%, el reto en el análisis de la iniciativa de la ley había sido técnico, porque el Estado enfrentaba un dilema complicado, ya que por un lado, no podía ni debía cargar al contribuyente aumentos onerosos que, en conjunto, le restrinja sus capacidades adquisitivas y, por el otro, tampoco se podía renunciar a ser eficaces en la recaudación para financiar los servicios que se le debían dar a la ciudadanía.

Finalmente, señaló que su voto a favor también implicará vigilar que estos ingresos pronosticados sean orientados en el gasto público con responsabilidad y transparencia.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia comentó que, por un sentido de responsabilidad republicana, el poder público y sus instituciones debían tener las herramientas y recursos que permitan realizar sus funciones con éxito.

“Nuestra sociedad requiere de infraestructura, de impulso a la economía, de inversión pública que permita abandonar pronto esta penosa situación por la que se atraviesa. Por ello se requiere de la contribución responsable de todos”, dijo.

Asimismo, la congresista refirió que la falta de recursos por parte del gobierno federal fue una muestra del olvido del estado de Guanajuato por parte de la federación, siendo dichos recursos de importancia para la realización de obras de infraestructura y la inversión proactiva.

Finalmente, la diputada exhortó al ejecutivo estatal para que el ejercicio y aplicación de los recursos que se pretenden recaudar con la ley de Ingresos para el ejercicio 2022, se apliquen con sentido de honradez, eficacia y transparencia.

EL PLENO APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LO GENERAL LA LEY DE INGRESOS

En su intervención, el congresista David Martínez Mendizábal se refirió a los principios de justicia y dijo que estaban de acuerdo con que el gasto publico debía tener un sentido social y externó que realmente se hiciera valer el principio de eficacia en el gasto con sentido social.

También se refirió a un estudio del CONEVAL donde se habla de la situación en la que se encuentra León y su incremento de personas en situación de pobreza, pasando a ser la primera ciudad en el país con más pobres. Indicó que dudaban que la estrategia estuviera dirigida a atender a los más pobres y esperaba que se empleara bien el dinero para ese sector.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Aldo Iván Márquez Becerra rectificaron hechos. Tiscareño Agoitia manifestó que tenía tres años el gobierno federal y que éste había cambiado los programas sociales que sí habían estado dando resultados, por lo que era su responsabilidad que no estuvieran permeando.

En su oportunidad Márquez Becerra habló sobre la implementación de una supuesta política social fallida en la entidad y las cifras de CONEVAL. Externó que coincidía en que la política social debía dirigirse a quienes más lo necesitan y, argumentó, que el CONEVAL emitió un comunicado de donde surgió la nota y que señala que la pobreza se estaba concentrando en ciudadanes grandes y que tienen gran parte de zona conurbada.

Al someterse a votación, el dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general.

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