Sesiona el Pleno del Congreso, rinde protesta diputado
INFLUENCER GTO En sesión ordinaria, rindió protesta ante el Pleno del Congreso, Javier Alfonso Torres Mereles, al cargo de diputado local ante la LXV Legislatura.
Además, se declaró atendible la solicitud de revocación de mandato en contra de María Llerena Nieto Olvera, regidora del Ayuntamiento de Santa Catarina, formulada por Sonia García toscano, presidenta municipal de ese municipio, con 30 votos a favor y 4 en contra.
También, se acordó el archivo definitivo de diversas propuestas. Dos iniciativas de reforma a la Constitución Política estatal en materia de becas universales y designación del fiscal especializado en combate a la corrupción; de Ley de Asistencia a Víctimas de Coaching Coercitivo, Sectas y Líderes Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión y Abusos en el Estado de Guanajuato y del Código Penal; de Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guanajuato y de adición al Código Penal, en su parte correspondiente únicamente al último ordenamiento; de reforma al Código Penal para eliminar el término análoga y en materia de trata de personas; así como la iniciativa de Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de Guanajuato.
La diputada Martha Edith Moreno Valencia habló en contra del archivo de la iniciativa de becas universales y destacó que este tipo de apoyos funcionaban porque ayudan a mejorar el ingreso familiar y a su vez, impulsan el aprovechamiento escolar. Asimismo, precisó que extender el apoyo de forma universal no afectaría la atención de los más vulnerables, puesto que eliminaría la discriminación económica que se vive en la entidad, al incluir a todas y todos sin distinción.
Por su parte, la congresista Briseida Anabel Magdaleno González calificó la intención de la iniciativa como buena, sin embargo, las reformas planteadas no se argumentaron técnicamente de la manera adecua al no incluir un estudio de impacto presupuestal, además de que la propuesta busca la creación de un presupuesto que se quiere entregar a las familias y no a los alumnos inscritos en los planteles educativos del sector público.
En lo correspondiente al dictamen relativo a la designación del fiscal anticorrupción, hicieron uso de la voz las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Laura Cristina Márquez Alcalá. La primera se pronunció en contra al señalar que el hecho de que se involucre el fiscal general en dicha selección no era adecuado y que en la mayoría de las entidades del país no era así, únicamente 11; y que se debe contar con órganos especializados que gocen de independencia necesaria.
Mientras que, la segunda habló a favor e hizo algunas precisiones del por qué el sentido del dictamen, entre las que cuestionó cómo surgía la problemática planteada por la iniciativa, si había datos que respaldaran lo expuesto, y que con lo propuesto no se fortalecía el marco normativo, sino que obstruía un Estado de Derecho en el que se garanticen las funciones en favor de la ciudadanía.
También hubo discusión sobre el sentido del dictamen en materia penal para eliminar el término análoga. El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo se pronunció en contra y señaló que se estaría negando la oportunidad de legislar para disminuir la impunidad en situaciones de violencia que existe en relaciones como el noviazgo, y agravar la sanción a quien comenta este delito en específico.
Asimismo, precisó que se requiere un ajuste a los tipos penales, así como la creación de la violencia en el noviazgo o devolver la iniciativa a comisión para continuar su análisis y que pueda adicionarse la referencia expresa de noviazgo y relaciones de hecho en el tipo penal en discusión.
En su oportunidad, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá habló a favor y precisó que no se viola el principio de taxatividad debido a que la analogía en materia penal es una conducta atípica establecida, agregando que la eliminación del término relaciones análogas en el tipo penal de violencia familiar dejaría fuera de toda protección de la ley penal a personas que sufran violencia familiar y que estén sujetas a otro tipo de vínculos distintos al parentesco, matrimonio y concubinato.
La diputada Martha Lourdes Ortega Roque habló en contra del archivo de la propuesta de Ley de Parto Humanizado y dijo que, si bien reconocían las áreas de oportunidad existentes, no podían soslayar que en el país una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de quienes las atendieron.
Agregó que, durante las últimas décadas, en la atención del embarazo, nacimiento y puerperio se ha abusado de intervenciones como cesáreas innecesarias, episiotomías, que se les coloque un dispositivo intrauterino sin autorización o se les esterilice sin que la mujer haya aceptado o por el contrario que, aunque solicite la esterilización no se le brinde, alegando que requiere la autorización de la pareja.
Finalmente, argumentó que no negaban el hecho de que la atención materno-infantil se encuentra prevista en la ley, pero si visibilizamos el hecho de que falta mucho por implementar en la práctica.
En su intervención pablar a favor, la legisladora Angélica Casillas Martínez refirió en términos generales que el tema a discusión está regulado en la norma general que trae como consecuencia que el Congreso de Guanajuato quede sin competencia para legislar en lo local, agregando que en la entidad se otorgan servicios de salud materna desde la perspectiva de derechos humanos, acorde a los criterios globales de la Organización Mundial de la Salud, ya que las mujeres embarazadas en el estado son informadas de las distintas intervenciones médicas.
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